“¿Se sabía?”. A 40 años del Mundial 78, es difícil no preguntarnos si los hombres y mujeres que gritaron los goles de la selección argentina sabían qué ocurría mientras la pelota rodaba. Hoy los genocidas que estaban en el poder son investigados por el Poder Judicial y se ha llegado, en marzo de 2018, a 203 sentencias por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Tras esos procesos judiciales 1034 represores están detenidos, a pesar de que solo 60 causas de casi 600 llegaron a tener sentencia firme, en un procesos de memoria, verdad y justicia que a este ritmo finalizará recién en 2024, a 48 años del golpe militar. Mientras, los familiares de los 30 mil desaparecidos continuarán exigiendo saber la verdad sobre el destino de sus seres queridos y los genocidas sostienen su “pacto de silencio” hasta la tumba.  Pero... ¿qué podía saberse en los meses previos a la Copa del Mundo?

La lectura y el análisis sobre lo publicado en los diarios nacionales entre los meses previos hasta días después de que la Argentina levantara el trofeo permite entender que, cuando el dictador Jorge Rafael Videla pronunció el discurso inaugural del Mundial en el Monumental, el 1 de junio de 1978, o cuando miles de argentinos y argentinas salieron a festejar en las calles, el 25 de junio, ya grupos de familiares, organismos de derechos humanos, abogados y algunos periodistas denunciaban la existencia de desaparecidos, detenidos por razones políticas y violaciones a los derechos humanos, que lograban filtrarse entre líneas en los periódicos.

Aunque la negación y el ocultamiento de información por parte del régimen dictatorial y la ausencia casi total de un análisis crítico por parte de las empresas periodísticas impedían tomar dimensión del horror, su presencia era innegable a causa de los valientes esfuerzos que se realizaron en el país y sobre todo por la presión internacional ejercida por organismos y gobiernos.

En los meses previos al Mundial, mientras algunas empresas periodísticas se acoplaban firmemente al discurso para “cambiar la imagen del país” —como los diarios Clarín y La Nación, que se favorecieron con la adquisición de la imprenta Papel Prensa, o las revistas del Grupo Atlántida—, otros diarios como La Opinión y el Buenos Aires Herald sufrieron presiones y persecución sobre quienes ejercían los cargos de dirección.

En el caso de Robert Cox, director del Herald, fue detenido ilegalmente en abril de 1977 y se exiliaría luego del Mundial de fútbol tras recibir una carta dirigida a uno de sus hijos, en la que se amenazaba a toda la familia. En tanto, el caso de Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, estaría en la agenda de los diarios nacionales durante todo el año previo a la Copa del Mundo. Timerman fue detenido ilegalmente por un grupo de tareas en abril de 1977 junto al director editorial Enrique Jara.

Los primeros días la información oficial por el destino de ambos fue incierta, lo que puso en tensión las categorías de “detenidos” y “desaparecidos”,  como analiza la socióloga Estela Schindel en su libro La desaparición a diario (2011). Días después la Junta Militar reconocería las detenciones. El tema se mantendría en los diarios nacionales hasta dos meses antes del inicio del Mundial, cuando Timerman recibió el “beneficio” de la detención domiciliaria.

El 3 de marzo de 1978 La Nación publicó sólo dos líneas de la evaluación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la situación en el país: “En la Argentina figuran periodistas entre los centenares de personas que han desaparecido o han sido arrestadas por razones políticas en los meses recientes”. La gravedad de la denuncia parecía no alterar a los directores de esas empresas periodísticas. El mismo día en el diario La Prensa esa información se publicó bajo el título: “La SIP alerta sobre los riesgos del periodismo”.

Faltaban pocos días para que se cumpliera un año de la desaparición del periodista Rodolfo Walsh, luego de divulgar su “Carta Abierta a la Junta Militar”, que envió a todos los medios y que ninguno publicó. El caso de Timerman continuaba en las tapas de diarios nacionales e internacionales. También persistía el eco de las noticias sobre la desaparición del político Héctor Hidalgo Solá, dirigente de la Unión Cívica Radical, secuestrado y desaparecido por un grupo de tareas de la Armada, a pesar de ocupar el cargo de embajador argentino en Venezuela para la dictadura militar.

El 29 de marzo se leía otra vez sobre la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, secuestradas junto a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, en diciembre de 1977. “Los cadáveres de las dos monjas francesas desaparecidas (...) aparecieron en una playa”, relataba un cable internacional publicado en la sección Internacionales de La Nación.

Casos resonantes como éstos, que exigían pedidos de explicaciones públicos por parte de organismos internacionales, partidos políticos prohibidos y gobiernos extranjeros, quitaban el velo del terror presente en la Argentina. Como analiza Schindel, “al revelarse como continuas” estas detenciones pusieron “en evidencia públicamente la responsabilidad del Estado en tantas otras ‘desapariciones’”.

Dos meses antes, en febrero, el integrante de la Junta Militar y jefe de la Armada, Emilio Massera, daría una escueta respuesta oficial ante la prensa sobre los casos de Hidalgo y las monjas francesas: “Son muchas las personas que han desaparecido, y muchísimos los casos en que, comprobamos después, se trataba de fugas”.

“Fugas”, “abatidos”, “enfrentamientos”, “cuerpos sin vida”: ésas eran las palabras seleccionadas por el discurso de los genocidas y replicadas por los diarios esporádicamente para hablar de los asesinatos de sindicalistas, estudiantes, periodistas, artistas o militantes de las organizaciones guerrilleras, a quienes señalaban como “subversivos” o “extremistas”. Schindel se detiene en el término “abatir” para analizar ese universo discursivo respaldado por la mayoría de los medios: “Una palabra mágica que obtura toda pregunta, toda inquietud por las circunstancias en que se produce la acción”.

Las crecientes presiones por parte de las embajadas extranjeras (Estados Unidos contaba con una lista de 7500 detenidos-desaparecidos), los organismos internacionales de derechos humanos (Amnesty Internacional había confeccionado otra lista de 7 mil detenidos-desaparecidos) y los reclamos ocultados de los nacientes organismos de derechos humanos locales obligaron a la Junta Militar, en los meses previos al Mundial 78, a publicar listas oficiales en los diarios, y no precisamente la de los 22 convocados por César Luis Menotti para la selección argentina.

“Ubicóse a 232 personas desaparecidas”, publicaba en tapa el diario La Nación el 13 de abril de 1978 y detallaba que las desapariciones habían sido denunciadas “ante la Policía Federal y distintas dependencias de policías provinciales, como también por solicitudes de representaciones diplomáticas extranjeras ante pedidos formulados por sus familiares radicados en el extranjero”.

Mientras tanto, los familiares y organismos de derechos humanos en la Argentina encontraron una estrategia para romper el cerco: las solicitadas, espacios pagos de difusión. En octubre de 1977, bajo la denominación de “Madres y esposas de desaparecidos”, las nacientes Madres de Plaza de Mayo publicaron su primera solicitada en el diario La Prensa: “Sólo pedimos la verdad”, reclamaban. “¿A quién debemos recurrir para saber la verdad sobre la suerte corrida por nuestros hijos?”, se preguntaban, y evidenciaban: “La verdad que pedimos es saber si nuestros desaparecidos están vivos o muertos y dónde están”.

Ante la falta de respuestas oficial, otro recurso ante el cómplice Poder Judicial fueron las presentaciones de “hábeas corpus”, herramienta para exigir al Estado que dé cuenta del paradero de una persona ilegalmente detenida o desaparecida. A mediados de mayo de 1978, los diarios contaban que la Corte Suprema volvía a tomar el caso de la acumulación de hábeas corpus sin respuesta, por lo que le pedía a la Junta Militar que se intensifique “la investigación sobre el paradero y la situación de las personas cuya desaparición se denuncia judicialmente”.

El 20 de mayo se conocía la lista definitiva de los 22 jugadores elegidos por Menotti para representar a la Argentina. Un día antes, la organización de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas entregaba en la Casa Rosada una serie de petitorios respaldados por 17 mil firmas. El primero de ellos exigía “la aparición de los ciudadanos ilegalmente desaparecidos”. “Pídese por detenidos y desaparecidos”, según se podía leer en La Nación.

Tres días antes, en el diario La Prensa, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) publicaba otra solicitada en la que resaltaba que “la publicación de listas de detenidos políticos no ha permitido aún verificar el paradero de numerosos desaparecidos”. El texto ocuparía tres hojas con la lista de 2500 desaparecidos.

Desde el exterior, la presión sobre la Junta Militar también aumentaba. Suecia, Francia, Austria, Canadá y Estados Unidos habían presentado denuncias en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La presión de Estados Unidos tras la llegada al gobierno del demócrata Jimmy Carter es aún recordada por los organismos de derechos humanos, mientras que Videla se paseaba con el exsecretario de Estado e ideólogo de las dictaduras latinoamericanas Henry Kissinger, invitado especial. En tanto, la Cruz Roja preparaba una visita a las cárceles argentinas y en la Organización de Estados Americanos (OEA) se negociaba la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A tono con el objetivo de mostrar una “buena imagen” del país, los representantes máximos de la dictadura militar buscaron presentar su versión, la de “la guerra contra la subversión”, ofreciendo entrevistas a medios internacionales. El ministro del Interior, Albano Harguindeguy, lo hizo a sólo cinco días del inicio del Mundial con el diario italiano Il Tempo y sus palabra fueron replicadas por los diarios locales. “Han sido indispensables, por trágica necesidad, muertos y millares de desaparecidos, pero finalmente los grupos subversivos han sido vencidos”, sentenció, sin dejar lugar a dudas.

Con el Mundial en horas decisivas, con la Argentina clasificada a la final tras el celebrado 6 a 0 de la Argentina sobre Perú, el entonces canciller Oscar Montes estaba de gira en Washington. “Que vengan a verificar”, era el título, en tono desafiante, de la crónica publicada en el Diario Popular que informaba la aceptación por parte de la Junta Militar a la visita de la CIDH. Llegaría un año después y en su informe de diciembre de 1979 denunciaría las “numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”. En aquella visita a Washington para la octava asamblea general de la OEA, Montes llevó el pedido dictatorial de vetar la participación de Amnesty Internacional. Perdió por 15 votos a 4.

Con un Monumental repleto, la Argentina le ganaría 3 a 1 a Holanda y el dictador Rafael Videla se daría el lujo de entregar la Copa del Mundo al capitán de la Selección Argentina por primera vez en la historia. Dos días después, daría una entrevista a la cadena BBC de Londres, que sería replicada luego por el Buenos Aires Herald y los diarios Crónica y Popular.

Los desaparecidos eran una realidad trágica difícil de negar: “Algunos han muerto, otros han sido detenidos y otros han desaparecido. (...) Puede haber gente que, yo lo acepto, puede haber desaparecido a raíz de un exceso de represión. Yo no estoy seguro de que eso es así, pero admito que pueda haber sucedido”, se leían las palabras del genocida en los diarios, mientras continuaba el eco de los festejos.