Setenta millones de dólares. Era el primer presupuesto que los dictadores manejaban sobre los costos del Mundial 78. La Junta Militar retomó el proyecto de la Copa del Mundo a pocos días de dar el golpe de Estado, “como una decisión política”, tal como lo declaraba Antonio Merlo, el titular del Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78). La decisión política de continuar con la organización del torneo de la FIFA, acordado en 1964 y otorgado oficialmente en 1966, era la de utilizarlo como herramienta de propaganda a cualquier costo y sin control, lo que desató una interna entre los militares y civiles integrantes de la dictadura por los gastos, que multiplicaron diez veces aquel primer presupuesto. Hasta la actualidad, a pesar de algún intento de investigación judicial, el dinero invertido por el Estado es un misterio. Recién en noviembre de 2017 el Gobierno entregó al Archivo Nacional de la Memoria documentos para que sea investigado.

La Junta Militar avanzó con la creación del EAM 78 a través de la Ley N° 21.349, que además declaró de interés nacional la realización del XI Campeonato de Fútbol. Un año después firmaría el decreto 1261/77, con el que otorgaba fondos de libre disponibilidad al organismo presidido por Merlo, pero manejado desde la vicepresidencia por el almirante Carlos Lacoste, tras el asesinato del primer titular del organismo, Omar Actis. Las “razones de urgencia” y la “reserva en la difusión de sus actos” con las que el decreto dotaba a Merlo y Lacoste abrieron las puertas para que aquel presupuesto de 70 millones —hecho por el propio Lacoste— fuera abandonado rápidamente. “Aunque cueste cien millones no hay problema”, sostuvo el genocida Rafael Videla en una reunión de ministros, según revelaría Juan Alemann, secretario de Hacienda del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.  

Aquel monto también sería optimista. En su cruzada propagandística, la dictadura se propuso un plan de obras amplio. En Córdoba, Mendoza y Mar del Plata se levantaron estadios mundialistas desde las bases, en Buenos Aires se remodelaron los estadios River Plate y Vélez Sarsfield, y en Santa Fe, el Gigante de Arroyito de Rosario Central. Se levantó y equipó el edificio de la nueva Argentina 78 Televisora (A78TV), se renovaron sistemas de comunicación de Télex, se ofrecieron créditos a tasas muy beneficiosas para elevar la oferta hotelera y se renovaron rutas y aeropuertos. “Lo que se hace para el 78, queda para después del 78”, celebraba la dictadura en una de la serie de propagandas oficiales.

Costos políticos de la propaganda

“¿Cuánto cuesta en dinero demostrar que Buenos Aires es la capital de la Argentina a 1500 millones de personas y cuánto que cinco mil periodistas informen al mundo sobre la realidad argentina, después de haberla visto?”, desnudaba la intención de la dictadura Lacoste, el hombre a cargo de la billetera secreta, en una entrevista a la revista Somos en febrero de 1978. Las cifras estimativas de los millones de televidentes son difíciles de confirmar, la de los periodistas que visitaron el país fueron un tercio por debajo de las expectativas.

La declaración de Lacoste ponía en evidencia el escándalo de los gastos en la previa del torneo y la interna en el régimen: “Un problema de este tipo no se puede medir, porque es una decisión política, y la economía es una variable de la política”, sentenciaba Lacoste a la revista procesista de la Editorial Atlántida en una nota de tapa titulada: “¿El Mundial es mal negocio?”. 

La polémica la había abierto en el corazón civil de la dictadura el secretario de Hacienda. “La Junta Militar tomó la decisión de realizar el Mundial en base a información que consignaba que el costo de las obras se ubicaría en torno a los 70 y 100 millones de dólares. Y dudo que la Junta hubiera adoptado la misma decisión si hubiese sabido que todo esto llegaría a costar 700 millones dólares”, apuntó Alemann meses antes del Mundial.

700 millones, diez veces más que el presupuesto proyectado tras el golpe. La denuncia de Alemann dimensionaba la cartera secreta que manejaba Lacoste, el hombre cercano a Emilio Massera, el represor integrante de la Junta Militar que más impulsó la realización del Mundial 78. Una cartera millonaria en un país con una inflación cercana al 20 por ciento, salarios congelados y recesión económica.

La denuncia le valió a Alemann el ataque con una bomba en su casa el 21 de junio, el día en que la Argentina se clasificaba a la final de la Copa, con un 6 a 0 a Perú. Massera y Lacoste fueron los señalados por diversas investigaciones sobre la resolución de la interna “política”. La ecuación económica no cerraba, “el Mundial se infló”, sostenía Alemann. Muestra de ello fue un informe que había preparado la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en la previa de la Copa del Mundo que pronosticaba ganancias por 25 millones de dólares, pero luego reconocería sólo 10.

Por eso, además de la respuesta para Alemann, el EAM ensayó una para la opinión pública. Reconoció gastos por 500 millones. “Con más tiempo hubiéramos hecho obras más baratas, pero no más cantidad de obras”, defendió Merlo al final del certamen y agregó:  “Alemania hizo todo lo necesario para el Mundial 1974 seis años antes. España ya está trabajando, pese a que su fecha es 1982, y parten de una infraestructura más avanzada. Aquí hubo que hacer todo en dos años, y no errar en el cronograma, porque si no, no se llegaba”, destacaba Merlo.

Las cuentas del EAM llegaron a hablar de un balance superavitario de 36 a 38 millones, con el criterio de considerar que “las obras de infraestructura realizadas por el país por motivo del Campeonato Mundial de Fútbol representan una inversión y no un gasto”, rezaba la revista Somos en su edición del 30 de junio. Más allá de los argumentos dictatoriales, el número oficial fue 521.494.931 de dólares, o sea, un 350 por ciento más que los 150 millones de dólares que demandó la organización de España 82. El certamen en tierras españolas, con costos mucho más bajos, tuvo dentro de su Comité Organizador al propio Lacoste, por orden del presidente de la FIFA, Joao Havelange

Otra comparación para dimensionar los gastos fue publicada en la misma nota de la revista Somos de febrero de 1978: el total representó la quinta parte de las reservas externas de libre disponibilidad con las que contaba el país en ese entonces; el dinero que se precisaba para construir 98 mil viviendas económicas, a un costo de cinco millones cada una, según estimaciones del secretario de Desarrollo Urbano de la Nación, Máximo Vázquez Llona; ó 17 veces el presupuesto de la provincia de Santa Cruz, que rondaba los 30 mil millones.

A 4 años del Mundial 78, la dictadura aún ocupaba la Casa Rosada y Lacoste había llegado a sentarse en el sillón presidencial durante 11 días a fines de 1981, en la transición de los mandatos de facto de Roberto Viola y Leopoldo Galtieri. En septiembre de 1982, en una nota publicada por el diario El País, Alemann volvía a denunciar en detalle los 700 millones gastados en el Mundial:

  • 400 millones en organización y estadios.

  • 100 millones en la construcción y equipamiento de la A78TV.

  • 200 millones en remodelación de aeropuertos y renovación del sistema de comunicación.

A 24 años de la Copa del Mundo jugada en la Argentina, el exfuncionario de la dictadura volvió a hablar para el documental Mundial 78, la historia paralela y aportó su mirada de cómo el cronograma de gastos del que hablaba Merlo se cumplió: “Cuando no se les giraban los fondos venía la presión política de todas partes para que se les manden los fondos ‘que si no no se llega’. Imaginesé, si no llegábamos al Mundial a mí me colgaban de la Plaza de Mayo”.

Una fortuna invisible para la Justicia

Con la vuelta de la democracia, las denuncias públicas contra Lacoste se transformaron en denuncias judiciales. El 13 de febrero de 1984, el Congreso sancionó la Ley 23.049, que reformó el Código de Justicia Militar y estableció que la justicia militar sólo atendería delitos de tipo militar. Ricardo Molinas, un exabogado de presos políticos y exiliado en Lima, Perú, en 1974, tras recibir amenazas de la Triple A, fue nombrado fiscal nacional de Investigaciones Administrativas e inició una serie de investigaciones sobre los negocios de la dictadura, desde Papel Prensa hasta los costos del Mundial 78.

“Gastos excesivos y desorbitados, como comprar televisores a un precio superior al 280 por ciento respecto del de plaza”, denunció penalmente Molinas. Lacoste quedó procesado por enriquecimiento ilícito en una causa que nunca llegó a término. En 1990, la Cámara Federal porteña consideró que no había dado “explicaciones suficientes” sobre cómo su patrimonio económico pudo crecer en un 443 por ciento entre 1977 y 1979, tal como denunció la fiscalía nacional en 1984. Molina no sólo investigó a Lacoste por aquellos gastos excesivos sino también a Merlo y a Videla, que se negó sistemáticamente a ser investigado por la justicia civil.

Los costos del Mundial corrieron la misma suerte que la fortuna de Lacoste. Si en 1982, aún bajo dictadura, se informaba oficialmente que “los problemas referentes al Mundial 78 están centralizados en la Secretaría General de la Presidencia” para evitar dar más explicaciones, los documentos arrumbados continuaron allí por años, incluso tras la vuelta de la democracia y también luego de que se retomaran los juicios por los delitos de lesa humanidad.

Fue recién en septiembre de 2017 que la Secretaría de Presidencia entregó al Archivo Nacional de la Memoria cajas de documentos que permanecieron en el depósito patrimonial de la Casa Rosada, en un edificio ubicado en la calle Perón, entre la avenida Leandro Alem y 25 de Mayo. Se trata de dos mil metros lineales de material del EAM 78 (legajos de personal contratado, archivos administrativos, planos de las obras realizadas, expedientes de compras y contrataciones) que podrán confirmar o revelar las cuentas que llevan 40 años haciéndose.