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Los represores mendocinos se tomaron el Mundial de Fútbol ‘78 muy en serio. Tanto, que crearon un grupo especial de persecución con el objetivo de “evitar” todo tipo de “ataque subversivo” durante el campeonato, a pesar de que las organizaciones políticas blanco de secuestros, torturas y desapariciones ya estaban diezmadas. Escarbaron debajo de las piedras, casi literalmente, y así lograron atrapar a aquellos militantes que se habían salvado de la primera oleada represiva, en 1976. A ellos se los conoce como los 11 desaparecidos del Mundial.

Juan José Galamba (Foto: Gentileza de Viviana Beigel)

A Juan José Galamba los represores se la tenían jurada. Militante de la Juventud Universitaria Peronista mendocina, Juan José dejó de ver a su mujer y a sus dos hijos en 1976, cuando una patota los secuestró buscándolo a él, que se les había escabullido. Los siguientes dos años se los pasó escapando del terrorismo de Estado, escondido en las casas de compañeros y compañeras de militancia universitaria, y de sus familias, que lo ayudaron. Al igual que él, terminaron en las garras de la dictadura. Tras su declaración ante la Justicia, Alicia Morales consideró que con la caza de su compañero Juan José y las diez personas que lo ayudaron a sobrevivir dos años los represores buscaban “matar cualquier tipo de solidaridad”. “Fue una forma de ejemplificar, como para que a nadie más se le ocurriese alzar la voz”, opinó en una entrevista concedida a Página/12.

Aún no hay elementos que lo confirmen judicialmente, pero se cree que en el secuestro y la desaparición de este grupo, uno de los más numerosos que dejó el plan sistemático de tortura y exterminio desplegado por la última dictadura cívico militar en Mendoza, tuvo que ver el Grupo Especial 78, creado a fines de 1977 en la provincia. El GE78 estuvo “expresamente destinado a la seguridad del Mundial de fútbol en su tramo mendocino”, plantean documentos judiciales que nacieron al calor de las investigaciones activadas tras la caída de las leyes de impunidad.

El grupo, su creación y sus objetivos fueron ventilados en los juicios de lesa humanidad que se llevaron y llevan a cabo en la provincia y algunos de sus integrantes, condenados. En la denuncia que presentó ante la Justicia federal por las víctimas de su accionar, el organismo de derechos humanos local Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos describió al GE78 como “un grupo operativo local, reducido, experto y ágil en su funcionamiento, aunque insertado en el esquema global pensado por la Junta” e “integrado por personal de todas las fuerzas armadas y de seguridad que fue funcional a una estructura represiva mayor”.

El caso más resonante es el de Carlos Rico Tejeiro, quien fue funcionario de Seguridad de la gobernación de Mendoza hasta finales de la década de 2010 y en la actualidad afronta en juicio oral una condena por su participación en el genocidio de los ‘70. Rico fue señalado como uno de los jefes del GE78.

No bien el entonces gobernador Celso Jaque lo designó subsecretario de Seguridad provincial, en 2007, el MEDH denunció su participación en el GE78. Entonces, el Ejecutivo le pidió explicaciones y él reconoció su rol, aunque juró que fue “de carácter instructivo, no operativo”. Entonces, presentó documentación y una especie de explicación escrita en la que reconoció que integró el GE78, la patota creada para la “prevención y represión” de “la actuación de bandas de delincuentes subversivos” durante el Mundial de Fútbol ‘78, reprodujo el diario Página/12. Durante el debate oral en el que se lo acusa, contó que la conformación del grupo comenzó a diagramarse en 1976, que para tal tarea tomaron como ejemplo a las fuerzas especiales alemanas y que sus intenciones eran “evitar atentados terroristas” durante el Mundial de 1978.  

Entre los integrantes del GE78 hubo varios policías de la provincia que continuaron en sus cargos hasta finales de la década de los ‘90. Como el comisario Eduardo Smaha, que fue separado de la fuerza en 1999, y su colega Ignacio Medina, desvinculado tras el asesinato de Sebastián Bordón. También Adolfo Siniscalchi y Pedro Sánchez. Todos ellos pasaron durante la dictadura por el Departamento de Investigaciones de la Policía provincial, que funcionó entonces como un centro clandestino. Tras la caída de las leyes de impunidad, Smaha afrontó juicios y condenas por su participación en desapariciones vinculadas con ese lugar.

Por allí, por el D2, pasó Juan José Galamba y los 10 hombres y mujeres que lo ayudaron, escondieron o dialogaron con él a lo largo de sus dos años de huida por Mendoza y ciudades aledañas con la esperanza de escaparle a un destino que parecía escrito: el secuestro, la tortura y la desaparición. Ninguno logró hacerlo. Todos fueron secuestrados entre el 17 y el 26 de mayo de 1978.

El principio del fin de Juan José comienza cuando le escapa al secuestro y la tortura, el 12 de junio de 1976. Entonces, un grupo de civiles armados desbarató la casa de la ciudad capital provincial en la que vivían con su esposa, Alicia Morales, sus dos hijos chiquitos, y una pareja de militantes de Montoneros, María Luisa y Jorge Vargas.

A las mujeres y a los hijos de ambos, la patato les robó todo lo que pudo y lo que no, lo rompió. Jorge ya estaba secuestrado. Alicia, María Luisa y los niños fueron llevados al D2 y, luego, trasladados a diferentes cárceles. Alicia fue liberada en Devoto, Buenos Aires, dos años después. Sin embargo, los represores no descansaron hasta encontrar a Juan José, que se había salvado. Entonces, comenzó su periplo.

La primera en resguardarlo fue Margarita Dolz, que lo conocía de la sede mendocina de la Universidad Tecnológica Nacional. Junto a su esposo, Carlos Castorino, rescataron a Juan José de la calle y lo escondieron unos días en su casa de la ciudad de Godoy Cruz. Enseguida lograron que una familia conocida de ellos, los Gómez Mazzola, lo refugiaran. De allí, Juan José partió para San Juan, donde otro compañero universitario, Mario Camín, convenció a su papá, Gustavo, de que le diera trabajo en la cantera familiar.

El destino siguiente fue la casa de Daniel Romero durante algunos días, cuyo hermano Juan Carlos empleó a Juan José en el horno de ladrillos familiar que funcionaba en Las Heras, provincia de Mendoza. En aquella época, Daniel también alojó a Isabel Membrive que, como Juan José, huía de la persecución. El destino siguiente fue la casa de Víctor Hugo Herrera, en el barrio Suárez de Godoy Cruz. Luego vivió con la familia Molina, donde se veía ocasionalmente con Ramón Sosa. De allí fue secuestrado.

Entre el 17 y el 28 de mayo de aquel año, la patota genocida hizo el mismo recorrido que Juan José. Las casas de los Gómez Mazzola y Dolz fueron los primeros destinos de una patota de hombres vestidos de civil, con la cara cubierta y armados, que alrededor de las 22 del 17 se llevaron a Dolz y entre la 1 y las 2 fueron por Raúl Gómez.

El 22 fue el turno de los Camín. A Mario lo esperaron a la salida de la Universidad. A Gustavo lo fueron a buscar a su departamento de la capital. El 24 de mayo, la patota llegó al almacén que Daniel Romero atendía con su esposa, Dulce Quintana, en Las Heras, y se lo llevó a los golpes. Ya lo habían interrogado acerca del “Rubio” Galamba un año antes, pero lo habían dejado volver a su casa. No sucedió lo mismo la segunda vez.

Un día después, el 25, cayó Víctor Herrera. Se lo llevaron de la casa familiar, desnudo. A Ramón Sosa lo secuestraron en la calle, el 26 de mayo. Ese mismo día también desapareció Juan Carlos Romero, el hermano de Daniel, y el “Rubio” Galamba. Nunca más se supo de ellos.